La pobreza en Argentina

Conmoción han causado las palabras del Papa denunciando los escandalosos índices de pobreza en Argentina. Según la Iglesia Católica, más del 40% de la población está bajo la línea de pobreza. El gobierno argentino se defiende que esta cifra es de sólo un 15%.

Más allá de definir cuál es la cifra exacta, lo que es innegable es que la pobreza en Argentina a aumentado en forma alarmante. Es cosa de recorrer las calles de Buenos Aires, llenas de basura por todas partes y de mendigos e indigentes pululando alrededor de los cafés o de los centros comerciales. Ni qué decir de los cordones de pobreza y miseria que rodean a las grandes ciudades.

Esto significa que todas las décadas de gobiernos neoestatistas no han servido de nada. No se concreta la equitativa distribución de la riqueza, término tan largamente esgrimido por los gobiernos demagógicos. De nada han servido todas las medidas populistas de ordeñar al máximo al sector productivo por la vía impositiva puesto que, por un lado, el dinero ordeñado no llega a los pobres y, por otra parte, cada vez hay menos dinero que ordeñar puesto que no hay crecimiento económico.

Está claro que ha fracasado el modelo neoestatista antiempresarial, que pretende basar su desarrollo sólo en el asistencialismo de un Estado todopoderoso. Sin embargo, la gran mayoría de los argentinos todavía cree en los modelos asistencialistas. Generaciones de argentinos han vivido bajo este modelo, no conocen otro. De esta forma es difícil preveer un mejoramiento de la situación, al menos en el futuro próximo. Desgraciadamente, mientras Argentina no logre sacudirse de la figura de Perón, millones de personas continuarán sufriendo las consecuencias de un dogmatismo ciego.

Por lo menos, la experiencia argentina debiera servir de lección para el resto de latinoamérica, donde aún proliferan los cantos de sirena de una izquierda recalcitrante que sigue anclada en discursos de los años 60 o 70.

Terrorismo Mapuche

Motivados por su "sabiduría y conocimiento ancestral", los "pueblos originarios" mapuches efectuaron una nueva toma de un predio en la Región de la Araucanía. Se trata de un fundo perteneciente a la Sociedad Las Araucarias, que se ubica a 16 kilómetros de Villarrica.

El lonco de la comunidad Newen Kiñe Mapu de Villarrica, Fernando Lincopan, dijo que no se van a retirar del predio que están ocupando y afirmó que se resistirán a una eventual acción de la policía. Esta toma  es en apoyo al presidente y vocero de la comunidad de Temucuicui, Mijael Carbone Queipul, quien fue detenido tras participar en otra toma de un predio del agricultor René Urban. En dicha toma unos 50 mapuches de la radicalizada comunidad de Temucuicui ingresaron en la madrugada de ayer al predio "La Romana" de René Urban. Los indígenas se resistieron al desalojo atacando a efectivos de Fuerzas Especiales.

De esta forma, el terrorismo mapuche olvida, una vez más, su autoasignada "sabiduria ancestral" y muestra su real sustancia: el resentimiento racista acompañado de violentismo desmedido. Después aparecen declarando que son objeto de persecución política y de "brutalidad policíaca". Ojalá que en vez de promover el terrorismo, los activistas mapuches invirtieran el mismo empeño y energía en producir la tierra, o sea, TRABAJAR. Ya sabemos que este es un verbo que no está en el léxico de los terroristas mapuches, pero sería bueno que lo estudiaran.

Un peligroso nuevo referente socialista

El pasado domingo 5 de julio, más de 280 militantes renunciaron al Partido Socialista de Chile. En una declaración pública manifestaron las razones de esta renuncia masiva: "Renunciamos para recuperar y proyectar en nuestra sociedad la tradición y fuerza histórica de izquierda del socialismo chileno: somos una fuerza anticapitalista y antimperialista, no socialdemócrata; somos latinoamericanistas. Somos una fuerza que busca la unidad de los trabajadores y de la izquierda, sin exclusiones para construir una alternativa de transformación y de futuro en Chile".

En otras palabras los ex-militantes proyectan volver a la antigua visión socialista que divide al mundo en explotadores y explotados. Volver a la antigua visión que fracasó como modelo en todos aquellos países en que se trató de implementar, incluído Chile. Volver a enarbolar términos tales como anticapitalista, antimperialista y latinoamericanistas. Este último probablemente inspirado en el discurso Chavista.

Conviene recordarles a estos socialistas trasnochados que es precisamente el capital el que genera emprendimiento, empleo y riqueza. Negar el capital es negar la creación de empresas, la generación de empleo y de riqueza, temas que nunca han podido resolverse en el contexto del socialismo estatista. El capital es el que mueve al mundo, aunque no les guste a muchos.

Por otra parte, el discurso del resentimiento social ya no tiene sentido en el mundo actual, donde la competitividad y el conocimiento son los factores que definen el éxito empresarial, no los apellidos ni la herencia de cuantiosas fortunas. Esto es lo que explica que de las actuales 400 empresas más grandes del mundo, el 80% de ellas son de primera generación, es decir, tienen menos de 30 años desde que fueron creadas. Son ejemplos emblemáticos Microsoft, Intel, Google, Cisco, entre otras. La mayor parte de estos emprendimientos fueron "de garage", o sea comenzaron con una infraestructura muy precaria hasta conseguir los fondos que financiaran el "start-up".

Esta es una realidad que desconocen quienes se han quedado anclados en un pasado de teorías marxistas basadas en contextos de economías agrarias o industriales.

La OEA y la democracia en Honduras

La Organización de Estado Americanos (OEA) y varios presidentes de la región, entre ellos Michelle Bachelet de Chile, han reaccionado airadamente condenando el "golpe militar" ocurrido recientemente en Honduras. Esta sobrereacción tiene más características de reflejo condicionado que de una reacción objetivamente meditada. Tal vez esta sobrerreacción se explique por la persistencia de traumas derivados del pasado golpista que caracterizó a América Latina.

Sin embargo, lo ocurrido en Honduras dista bastante de ser una aventura militar liderada por un grupo de golpistas sediciosos. La crisis partió cuando el presidente destituído, Manuel Zelaya, intenta convocar una asamblea constituyente sin mediar aprobación del Congreso, que es lo que exige la actual constitución que Zelaya juró respetar cuando asumió como presidente. Ante esta situación, Manuel Zelaya de todas maneras llama a referendo para convocar a la asamblea constituyente, probablemente influído por su colega Chávez de Venezuela. El Congreso apela a la Corte Suprema, la cual dictamina que el referendo era inconstitucional e instruyó al ejército no llevar a cabo la logística del voto, lo que es su tarea habitual.

El comandante del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez Velásquez, le dijo al presidente que tendría que obedecer. Zelaya lo destituyó inmediatamente. La Corte Suprema ordenó que lo restituyeran, pero Zelaya se negó. Finalmente el congreso declara que el presidente está inhabilitado para ejercer sus funciones, Zelaya es arrestado y deportado a Costa Rica, en tanto que en Honduras el Congreso designa a Roberto Micheletti como presidente interino de Honduras hasta noviembre de este año, cuando se efectuarán nuevas elecciones.

Este es el contexto en que sucede el "golpe de estado". Sin embargo, la OEA reacciona como un autómata condenando el "golpe" sin detenerse a analizar ni un segundo dicho contexto. José Miguel Insulza, secretario general de la OEA,  impulsa la suspensión de Honduras en la OEA al mismo tiempo que promovió recientemente la reincorporación de Cuba a la OEA, no existiendo en Cuba ningún atisbo de democracia.

¿Cuál es la lógica que sustenta el accionar del secretario general de la OEA?. Ninguna lógica. Solo un parcialismo y subjetividad a toda prueba. Ve una dictadura donde no la hay (de hecho la Iglesia Católica reconoce hoy al gobierno de Roberto Micheletti en Honduras) y ve una democracia donde no la hay (Cuba).

Con estas autoridades, la OEA carece hoy de toda autoridad moral para intervenir en los asuntos legales internos de los países latinoamericanos. Lo mejor que puede  hacer Insulza es cerrar la boca, retirarse de la OEA y volverse para su casa a tratar de ayudar a sus amigos socialistas que gobiernan hoy en Chile. Insulza es mejor en la lógica de la política partidista que en cargos que requieren más altura de miras.

Cambio climático

el gobierno publicó hace seis meses su Plan de Acción Nacional de Cambio

Climático. Este Plan se inserta en la Estrategia Nacional de Cambio Climático que contempla tres

ámbitos de acción: Adaptación a los Impactos del Cambio Climático; Mitigación de las Emisiones de

Gases de Efecto Invernadero; y Creación y Fomento de Capacidades para abordar el problema en

Chile

El gobierno de Chile publicó hace seis meses su Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. Este Plan se inserta en la Estrategia Nacional de Cambio Climático que contempla tres ámbitos de acción: Adaptación a los Impactos del Cambio Climático; Mitigación de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero; y Creación y Fomento de Capacidades para abordar el problema en Chile.

De esta manera, Chile se suma al concierto de países que aceptan la hipótesis del calentamiento global como si fuera un hecho científicamente comprobado. No ha existido ninguna instancia de análisis que verifique la veracidad de dicha hipótesis.

Lo cierto es que la hipótesis del calentamiento global se sustenta ÚNICAMENTE en modelos sofisticados que parten de una gama de presunciones no muy claras y de difícil comprensión. Son sólo modelos matemáticos implementados en computadores, no existen medidas empíricas o experimentos de laboratorio que sustenten esta hipótesis.

En general, el clima global es muy complejo. Existe una mezcla, generalmente caótica,  de varias tendencias y causas de largo, corto y mediano plazo. Por este motivo es que a los expertos climatólogos les resulta difícil pronosticar el clima de mañana. ¿Cómo es que ahora son capaces de pronosticar el clima del año 2100?.

Una vez más somos testigos de cómo el fundamentalismo ambientalista impone sus dogmas por sobre consideraciones científicas serias. Peor aún, muchos "científicos" se adhieren al planteamiento ideológico del "calentamiento global" sin mediar mayor análisis, sólo aceptan el dogma.

De hecho, el principal organismo dedicado al tema del calentamiento global es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), instancia política creada en el seno de la ONU y que utiliza el nombre de muchos prestigiosos científicos aún sin el consentimiento de éstos. El siguiente video denominado "El mito del calentamiento global" detalla algunos de estos aspectos. Conviene ver las 8 partes de este video.

Código de Conducta Responsable

En un nuevo acto de dispararse a los pies, el gobierno de Chile está trabajando en la redacción del Código de Conducta Responsable (CCR). Dicho código regirá desde septiembre (inicialmente en forma voluntaria para el sector privado, para luego transformarse en ley general) y generará normas de protección para la comunidad indígena de Chile, basado en el Convenio 169 de la OIT, el que fue suscrito por el país en 2000 y ratificado por el Congreso a inicios de 2007. Se reconoce que este código tendrá injerencia en un terreno de 9.448.630 hectáreas repartido entre Arica y Magallanes. El mencionado territorio se definió como Áreas de Desarrollo (ADIs).

El CCR busca que las iniciativas privadas compartan sus beneficios con el mundo indígena o que los proyectos sean evaluados por un consejo especial para la materia, con participación activa de comuneros indígenas. 

Los problemas que surgirán, derivados de la aplicación del CCR, son al menos, los siguientes:

• Los terrenos señalados en las ADIs no son exclusivamente indígenas, existen también ahí propiedades pertenecientes a otro tipo de particulares o sociedades y estas propiedades se verían igualmente afectados por la aplicación de la nueva normativa.


• Se verán gravemente afectadas las actuales y las nuevas inversiones sobre dichos territorios. Nadie tendrá interés en invertir sobre territorios que implican una carga adicional de costos, sobre los cuales existe, además, mucha incertidumbre.


• Habría que modificar muchas leyes actualmente vigentes como la ley de aguas, el código minero, etc.


• Pone en jaque a proyectos hidroeléctricos, los que podrían tener importancia estratégica para el país.


• Afectará gravemente la creación de empleo en toda la zona definida en las ADIs. Esto, paradojalmente, podría significar que en vez de Áreas de Desarrollo se transformen en Áreas de Subdesarrollo.

Sin embargo, la implicancia más grave que tendrá la implementación del CCR es que consagra definitivamente la figura de ciudadanos de primera categoría, los indígenas, con más privilegios y atribuciones que el resto de los ciudadanos de segunda categoría. Esta normativa, además de ser anticonstitucional, es claramente discriminatoria para todos aquellos chilenos no indígenas.

¿Porqué un indígena, propietario de un predio agrícola, tiene más privilegios que un obrero de la construcción que no tiene dónde vivir?. ¿Quién entiende esta lógica?. Los políticos que propiciaron todo esto le deben una explicación al país, detallando de manera seria y responsable cuáles son los motivos para introducir una ley tan claramente discriminatoria para la gran mayoría de los chilenos.

El CCR lejos de resolver supuestas injusticias o "deudas" con el pueblo indígena, más bien instala odiosas diferencias entre los chilenos mestizos y los chilenos indigenas, lo cual podría acarrear graves problemas en el futuro.

Es que el CCR a contar de septiembre (inicialmente en forma

voluntaria para el sector privado, para luego transformarse en ley

general) generará normas de protección para la comunidad

indígena de Chile, basado en el Convenio 169 de la OIT, el que fue

suscrito por el país en 2000 y ratificado por el Congreso a inicios

de 2007, no sin polémica jurídica (ver recuadro). Y aunque el

código aún no está concluido, ya se conoce que éste tendrá

injerencia en un terreno de 9.448.630 hectáreas repartido entre

Arica y Magallanes

Inversión social y crecimiento

En su última cuenta pública que hace Michelle Bachelet como presidenta de la nación -hoy 21 de mayo- anuncia una serie de medidas sociales como: creación de un sistema legal de asesoría a los trabajadores, entrega de bonos de invierno, incremento de la cobertura del sistema de pensiones solidarias a un 50%, creación de un subsidio para el transporte publico santiaguino (Transantiago), etc. Todo esto a un costo de US$ 330 millones.

Siempre que los gobernantes realizan este tipo de anuncios transmiten la sensación de que es el Estado y sus agentes quienes financian todo el gasto social y es el gobernante de turno quien, graciosa y magnánimamente, canaliza todos estos recursos hacia los pobres y la "clase desposeída". No se menciona casi nunca que quienes generan el dinero que financian todos los programas sociales son todas las empresas que pagan sus impuestos.

De esta forma el pueblo llega a creer que el gasto social sólo depende de la voluntad del gobernante de turno puesto que el dinero es creado por una máquina en el banco central. Esto promueve el asistencialismo y la dependencia -casi patológica- de las personas del aparato estatal, situación que es altamente conveniente para las clases políticas dirigentes a quienes les interesa propiciar el clientelismo electoral.

Como sabiamente señala José Piñera "El estado de bienestar destruye el vínculo necesario entre esfuerzo y recompensa. El resultado final es la insolvencia de los estados y el parasitismo social, alimentado por políticos que ganan elecciones ofreciendo el dinero ajeno".

Es claro que promoviendo la inversión y facilitando la creación de empresas la única forma de asegurar un crecimiento económico que genere riqueza, la cual se traduce en más empleo y en una mayor recaudación de impuestos que financien programas sociales. Sería muy saludable entonces que los gobernantes junto con anunciar planes de inversión social anuncien también los planes de crecimiento que financien dicha inversión social.

También sería de toda justicia que sean los propios empresarios quienes tengan la posibilidad de ayudar a definir los programas de ayuda social. Después de todo quien paga la ficha es quien escoge la música.