Código de Conducta Responsable

En un nuevo acto de dispararse a los pies, el gobierno de Chile está trabajando en la redacción del Código de Conducta Responsable (CCR). Dicho código regirá desde septiembre (inicialmente en forma voluntaria para el sector privado, para luego transformarse en ley general) y generará normas de protección para la comunidad indígena de Chile, basado en el Convenio 169 de la OIT, el que fue suscrito por el país en 2000 y ratificado por el Congreso a inicios de 2007. Se reconoce que este código tendrá injerencia en un terreno de 9.448.630 hectáreas repartido entre Arica y Magallanes. El mencionado territorio se definió como Áreas de Desarrollo (ADIs).

El CCR busca que las iniciativas privadas compartan sus beneficios con el mundo indígena o que los proyectos sean evaluados por un consejo especial para la materia, con participación activa de comuneros indígenas. 

Los problemas que surgirán, derivados de la aplicación del CCR, son al menos, los siguientes:

• Los terrenos señalados en las ADIs no son exclusivamente indígenas, existen también ahí propiedades pertenecientes a otro tipo de particulares o sociedades y estas propiedades se verían igualmente afectados por la aplicación de la nueva normativa.


• Se verán gravemente afectadas las actuales y las nuevas inversiones sobre dichos territorios. Nadie tendrá interés en invertir sobre territorios que implican una carga adicional de costos, sobre los cuales existe, además, mucha incertidumbre.


• Habría que modificar muchas leyes actualmente vigentes como la ley de aguas, el código minero, etc.


• Pone en jaque a proyectos hidroeléctricos, los que podrían tener importancia estratégica para el país.


• Afectará gravemente la creación de empleo en toda la zona definida en las ADIs. Esto, paradojalmente, podría significar que en vez de Áreas de Desarrollo se transformen en Áreas de Subdesarrollo.

Sin embargo, la implicancia más grave que tendrá la implementación del CCR es que consagra definitivamente la figura de ciudadanos de primera categoría, los indígenas, con más privilegios y atribuciones que el resto de los ciudadanos de segunda categoría. Esta normativa, además de ser anticonstitucional, es claramente discriminatoria para todos aquellos chilenos no indígenas.

¿Porqué un indígena, propietario de un predio agrícola, tiene más privilegios que un obrero de la construcción que no tiene dónde vivir?. ¿Quién entiende esta lógica?. Los políticos que propiciaron todo esto le deben una explicación al país, detallando de manera seria y responsable cuáles son los motivos para introducir una ley tan claramente discriminatoria para la gran mayoría de los chilenos.

El CCR lejos de resolver supuestas injusticias o "deudas" con el pueblo indígena, más bien instala odiosas diferencias entre los chilenos mestizos y los chilenos indigenas, lo cual podría acarrear graves problemas en el futuro.

Es que el CCR a contar de septiembre (inicialmente en forma

voluntaria para el sector privado, para luego transformarse en ley

general) generará normas de protección para la comunidad

indígena de Chile, basado en el Convenio 169 de la OIT, el que fue

suscrito por el país en 2000 y ratificado por el Congreso a inicios

de 2007, no sin polémica jurídica (ver recuadro). Y aunque el

código aún no está concluido, ya se conoce que éste tendrá

injerencia en un terreno de 9.448.630 hectáreas repartido entre

Arica y Magallanes