Hace ya más de tres siglos, Thomas Hobbes planteaba que el fundamento del Estado se relacionaba con la necesidad de los seres humanos de abandonar el estado de naturaleza. Este último sería una situación de guerra de todos contra todos, la cual haría imposible el establecimiento de sociedades organizadas, prósperas y en que reinara la convivencia pacífica. Un siglo después Immanuel Kant, a quien se debe la concepción moderna de dignidad humana, sostendría que el Estado permite a los hombres tener seguridad en el respeto de sus derechos y de su propiedad, protegiéndolos de la violencia de los otros.
Estas reflexiones de dos de los más influyentes pensadores en la historia occidental, permiten aproximarse a uno de los problemas fundamentales que enfrenta nuestra sociedad hoy, el cual ha sido peligrosamente subestimado: la delincuencia. En Chile esta se extiende como un cáncer, sin aplicarse por la autoridad medidas concretas para contenerla. Lejos de eso, lo que está ocurriendo es un proceso de adaptación a una realidad cada vez más violenta, sin percatarnos de los gérmenes nefastos que ello incuba en el tejido social, ni de los efectos perniciosos para nuestras pretensiones de lograr un desarrollo económico transversal.
Un breve vistazo a la realidad de la región resulta tan esclarecedor como inquietante. En América Latina hay más de 2,5 millones de guardias privados y sólo en Río de Janeiro, por mencionar alguna ciudad emblemática, 133 policías son asesinados anualmente -más que en todo EE.UU.-. A esto se agrega una tasa de homicidios de 27,5 víctimas por cada 100 mil habitantes, contra 22 en África y 1 en los países industrializados. Contamos además con el 75% de los secuestros cometidos anualmente a nivel mundial teniendo apenas un 8% de la población del planeta. Somos en definitiva, la región más violenta del mundo. En Europa y EE.UU. existe un verdadero temor de que la explosión de la delincuencia en Latinoamérica genere un fenómeno de africanización regional. Es decir, una desintegración social a tal escala que haga imposible la gobernabilidad de los distintos países incrementando la inseguridad y la fuga de capitales. Así las cosas, nosotros como latinoamericanos no debemos subestimar el peligro que implica el continuo aumento de la criminalidad en Chile.
No podemos creernos los suizos o ingleses de Sudamérica, como si fuéramos caso aparte. El fenómeno delictivo implica un proceso de deterioro sistemático, progresivo y difícil de revertir, generando en ocasiones tales niveles de erosión institucional, que el Estado como lo conocemos desaparece. La convivencia pacífica es entonces la principal razón que justifica la existencia del Estado, pues sin ella, como sostuvo Hobbes, es la estructura de la sociedad misma la que se ve jaqueada. Pero además en la medida en que el Estado no protege a la población de la violencia de otros como exigía Kant, regresa la autotutela como mecanismo de resolución de conflictos. Y la razón es obvia: si los individuos renunciamos al uso de la fuerza otorgando su monopolio al Estado es porque confiamos en que este la aplicará para garantizarnos la seguridad.
En consecuencia, si el Estado no cumple con ese requisito mínimo, las personas se ven en la necesidad de hacerlo recuperando la administración de la violencia. Es hora de aumentar los costos de cometer delitos fundamentalmente por la vía de un incremento en la probabilidad de la aplicación de castigos para quien delinque. Esto requiere de una urgente revisión al sistema procesal penal, el que fue diseñado concibiendo al eventual delincuente como una víctima del poder punitivo del Estado. Debemos diseñar un sistema acorde a nuestra realidad social, que no es ni la de Suiza ni la de Inglaterra.
(Fuente: Axel Kaiser, Investigador del Centro de Estudios Estratégicos Alexis de Tocqueville, programa Chile).
