El Mercurio publica hoy lo siguiente: "El Gobierno anunció que más de 126 millones de dólares del Presupuesto 2009 serán destinados especificamente a la salud, educación y otras necesidades de las comunidades indígenas del país. El comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, precisó que estos fondos se encuentran asignados a los presupuestos de los ministerios de Agricultura, Salud, Educación, Obras Públicas y Planificación. Este ordenamiento es una de las exigencias del Convenio 169, de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y por eso se está en el proceso de adecuación del convenio que entra en vigencia a fines del 2009. A esta cifra hay que sumarle otros montos del presupuesto que tienen como beneficiarias a varias comunidades indígenas, pero que son programas generales como subsidios de vivienda, de alimentación escolar y beneficios en la reforma previsional, entre otros. En octubre de 2008, el Estado de Chile ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, después de años de tramitación en el Parlamento".En otras palabras, con esta medida el gobierno consagra la figura de una categoría especial de ciudadanos, con más privilegios y regalías, constituída por las comunidades indígenas. El resto de los ciudadanos no merece una especial atención porque, supuestamente, no enfrentan situaciones de pobreza y exclusión como los pueblos indígenas.
A pesar de que no existen evidencias de políticas excluyentes de ningún tipo a lo largo de nuestra historia democrática, de todas maneras se instaló el discurso, sin argumentos, de que los pueblos indígenas han sido sistemáticamente excluídos y discriminados. El actual gobierno se compró completa esta falacea y, en consecuencia, actúa firmando acuerdos internacionales muy alineados con el discurso políticamente correcto, pero carente de fundamentos.
Lo lamentable de todo esto es que se malgastan recursos favoreciendo a unos pocos sectores privilegiados en desmedro de otros sectores, igual o más pobres que las comunidades indígenas, pero sin mucha visibilidad o representatividad porque no se visten ni hablan de manera diferente. Por otra parte, muchos indígenas poseen importantes patrimonios, reflejados en predios agrícolas que ya quisiera poseer un obrero de la construcción poblador de La Pintana.
Cuando el gobierno firma este tipo de convenios internacionales, en cierto modo valida el discurso de grupos terroristas como el de la Coordinadora Arauco Malleco y otros violentistas que rondan por Temucuicui, que pregonan una constante victimización.
En último término, es completamente desaconsejable anteponer criterios ideológicos por sobre criterios más pragmáticos cuando se trata de decidir el destino de la ayuda social con el dinero de todos los chilenos.
El concepto de Responsabilidad Social Empesarial (RSE) comenzó a introducirse hacia fines de los años noventa, auspiciado por organizaciones ambientalistas y antiglobalización. Rápidamente esta idea comenzó a formar parte del lenguaje común entre los empresarios como una forma de estar a la moda adoptando el concepto de RSE como una nueva herramienta de marketing.