En declaraciones referidas al "conflicto mapuche" la Iglesia Católica afirma sentir "que la situación es altamente compleja, por cuanto transcurre en un contexto de desconocimiento, prejuicios y discriminación hacia los indígenas". Generalmente, las declaraciones referidas a este problema son del mismo tenor, hablan de la existencia de prejuicios y discriminación hacia los mapuches. Sin embargo, nadie habla de cuáles son los problemas específicos por los que atraviesan los mapuches.
La verdad es que el pueblo mapuche no tiene problemas tanto más especiales que los que tiene cualquier otro chileno de su mismo nivel socioeconómico. No existen en Chile políticas de discriminación de ningún tipo. Por el contrario, el Estado ha invertido fuertes sumas de dinero para lograr que las comunidades indígenas conserven sus territorios. No querer ver esto es ser miope a una realidad enorme que tenemos ante nuestros ojos.
Otra cosa es que ciertos sectores indígenas pretendan arrogarse características especiales que les otorguen derechos por sobre cualquier chileno. Al respecto, Aucan Huilcaman en entrevista al Naveghable, manifiesta que la solución para terminar con el conflicto pasa por la creación del Gobierno Mapuche. Este tipo de anhelos, que significan la creación de un Estado dentro de otro Estado, tendría todo tipo de repercusiones negativas, desde los procesos de desintegración del Estado Chileno hasta tener un problema sin final puesto que todas las diferentes comunidades indígenas del país, desde Arica a Punta Arenas, querrían crear sus propios gobiernos.
En este contexto, la organización terrorista denominada Coordinadora Arauco Malleco ha vuelto a lo suyo, es decir, perpetrar actos terroristas de manera más frecuente, aprovechando que "el conflicto mapuche" es nuevamente un tema de actualidad. (No en vano se ha encontrado en poder de sus dirigentes hasta fusiles M-16).
La solución a todo esto es que, tanto el gobierno como la sociedad, dejen de asignarle un estatus especial al problema mapuche. Estas comunidades deben ajustarse al Estado de Derecho que es igual para todos los chilenos. Instituciones como CONADI deben reorientar sus esfuerzos para servir de nexo entre las comunidades indígenas y el Estado, garantizando la continuidad de dichas comunidades.
La pregunta que hay que formularse es ¿porqué un mapuche que es dueño de un predio de 50 hectáreas debiera tener más privilegios que un esforzado obrero, poblador de La Pintana?.
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