Inversión social y crecimiento

En su última cuenta pública que hace Michelle Bachelet como presidenta de la nación -hoy 21 de mayo- anuncia una serie de medidas sociales como: creación de un sistema legal de asesoría a los trabajadores, entrega de bonos de invierno, incremento de la cobertura del sistema de pensiones solidarias a un 50%, creación de un subsidio para el transporte publico santiaguino (Transantiago), etc. Todo esto a un costo de US$ 330 millones.

Siempre que los gobernantes realizan este tipo de anuncios transmiten la sensación de que es el Estado y sus agentes quienes financian todo el gasto social y es el gobernante de turno quien, graciosa y magnánimamente, canaliza todos estos recursos hacia los pobres y la "clase desposeída". No se menciona casi nunca que quienes generan el dinero que financian todos los programas sociales son todas las empresas que pagan sus impuestos.

De esta forma el pueblo llega a creer que el gasto social sólo depende de la voluntad del gobernante de turno puesto que el dinero es creado por una máquina en el banco central. Esto promueve el asistencialismo y la dependencia -casi patológica- de las personas del aparato estatal, situación que es altamente conveniente para las clases políticas dirigentes a quienes les interesa propiciar el clientelismo electoral.

Como sabiamente señala José Piñera "El estado de bienestar destruye el vínculo necesario entre esfuerzo y recompensa. El resultado final es la insolvencia de los estados y el parasitismo social, alimentado por políticos que ganan elecciones ofreciendo el dinero ajeno".

Es claro que promoviendo la inversión y facilitando la creación de empresas la única forma de asegurar un crecimiento económico que genere riqueza, la cual se traduce en más empleo y en una mayor recaudación de impuestos que financien programas sociales. Sería muy saludable entonces que los gobernantes junto con anunciar planes de inversión social anuncien también los planes de crecimiento que financien dicha inversión social.

También sería de toda justicia que sean los propios empresarios quienes tengan la posibilidad de ayudar a definir los programas de ayuda social. Después de todo quien paga la ficha es quien escoge la música.