Código de Conducta Responsable

En un nuevo acto de dispararse a los pies, el gobierno de Chile está trabajando en la redacción del Código de Conducta Responsable (CCR). Dicho código regirá desde septiembre (inicialmente en forma voluntaria para el sector privado, para luego transformarse en ley general) y generará normas de protección para la comunidad indígena de Chile, basado en el Convenio 169 de la OIT, el que fue suscrito por el país en 2000 y ratificado por el Congreso a inicios de 2007. Se reconoce que este código tendrá injerencia en un terreno de 9.448.630 hectáreas repartido entre Arica y Magallanes. El mencionado territorio se definió como Áreas de Desarrollo (ADIs).

El CCR busca que las iniciativas privadas compartan sus beneficios con el mundo indígena o que los proyectos sean evaluados por un consejo especial para la materia, con participación activa de comuneros indígenas. 

Los problemas que surgirán, derivados de la aplicación del CCR, son al menos, los siguientes:

• Los terrenos señalados en las ADIs no son exclusivamente indígenas, existen también ahí propiedades pertenecientes a otro tipo de particulares o sociedades y estas propiedades se verían igualmente afectados por la aplicación de la nueva normativa.


• Se verán gravemente afectadas las actuales y las nuevas inversiones sobre dichos territorios. Nadie tendrá interés en invertir sobre territorios que implican una carga adicional de costos, sobre los cuales existe, además, mucha incertidumbre.


• Habría que modificar muchas leyes actualmente vigentes como la ley de aguas, el código minero, etc.


• Pone en jaque a proyectos hidroeléctricos, los que podrían tener importancia estratégica para el país.


• Afectará gravemente la creación de empleo en toda la zona definida en las ADIs. Esto, paradojalmente, podría significar que en vez de Áreas de Desarrollo se transformen en Áreas de Subdesarrollo.

Sin embargo, la implicancia más grave que tendrá la implementación del CCR es que consagra definitivamente la figura de ciudadanos de primera categoría, los indígenas, con más privilegios y atribuciones que el resto de los ciudadanos de segunda categoría. Esta normativa, además de ser anticonstitucional, es claramente discriminatoria para todos aquellos chilenos no indígenas.

¿Porqué un indígena, propietario de un predio agrícola, tiene más privilegios que un obrero de la construcción que no tiene dónde vivir?. ¿Quién entiende esta lógica?. Los políticos que propiciaron todo esto le deben una explicación al país, detallando de manera seria y responsable cuáles son los motivos para introducir una ley tan claramente discriminatoria para la gran mayoría de los chilenos.

El CCR lejos de resolver supuestas injusticias o "deudas" con el pueblo indígena, más bien instala odiosas diferencias entre los chilenos mestizos y los chilenos indigenas, lo cual podría acarrear graves problemas en el futuro.

Es que el CCR a contar de septiembre (inicialmente en forma

voluntaria para el sector privado, para luego transformarse en ley

general) generará normas de protección para la comunidad

indígena de Chile, basado en el Convenio 169 de la OIT, el que fue

suscrito por el país en 2000 y ratificado por el Congreso a inicios

de 2007, no sin polémica jurídica (ver recuadro). Y aunque el

código aún no está concluido, ya se conoce que éste tendrá

injerencia en un terreno de 9.448.630 hectáreas repartido entre

Arica y Magallanes

Inversión social y crecimiento

En su última cuenta pública que hace Michelle Bachelet como presidenta de la nación -hoy 21 de mayo- anuncia una serie de medidas sociales como: creación de un sistema legal de asesoría a los trabajadores, entrega de bonos de invierno, incremento de la cobertura del sistema de pensiones solidarias a un 50%, creación de un subsidio para el transporte publico santiaguino (Transantiago), etc. Todo esto a un costo de US$ 330 millones.

Siempre que los gobernantes realizan este tipo de anuncios transmiten la sensación de que es el Estado y sus agentes quienes financian todo el gasto social y es el gobernante de turno quien, graciosa y magnánimamente, canaliza todos estos recursos hacia los pobres y la "clase desposeída". No se menciona casi nunca que quienes generan el dinero que financian todos los programas sociales son todas las empresas que pagan sus impuestos.

De esta forma el pueblo llega a creer que el gasto social sólo depende de la voluntad del gobernante de turno puesto que el dinero es creado por una máquina en el banco central. Esto promueve el asistencialismo y la dependencia -casi patológica- de las personas del aparato estatal, situación que es altamente conveniente para las clases políticas dirigentes a quienes les interesa propiciar el clientelismo electoral.

Como sabiamente señala José Piñera "El estado de bienestar destruye el vínculo necesario entre esfuerzo y recompensa. El resultado final es la insolvencia de los estados y el parasitismo social, alimentado por políticos que ganan elecciones ofreciendo el dinero ajeno".

Es claro que promoviendo la inversión y facilitando la creación de empresas la única forma de asegurar un crecimiento económico que genere riqueza, la cual se traduce en más empleo y en una mayor recaudación de impuestos que financien programas sociales. Sería muy saludable entonces que los gobernantes junto con anunciar planes de inversión social anuncien también los planes de crecimiento que financien dicha inversión social.

También sería de toda justicia que sean los propios empresarios quienes tengan la posibilidad de ayudar a definir los programas de ayuda social. Después de todo quien paga la ficha es quien escoge la música.